Denuncian y piden detener al legislador Ledesma, al interventor Díaz y a la ex ministra Málaga por robar $26,7 millones en ayuda social

Una presentación judicial acusa al legislador Hugo Ledesma (cuñado de Carlos Cisneros), al interventor títere José Díaz y a la ex ministra Lorena Málaga de peculado y asociación ilícita. Solicita detención inmediata de ocho personas vinculadas a la organización liderada por Carlos Cisneros, el allanamiento de nueve domicilios —incluidas las sedes de la Caja Popular— y secuestro de celulares para pericias UFED. La denuncia se basa en los Acuerdos del Tribunal de Cuentas que documentaron doce entregas irregulares de mercadería sin convenio ni beneficiarios identificados. El Ministerio Público Fiscal debe decidir si ordena el operativo contra la estructura cisnerista o archiva la causa. Cisneros no figura entre los denunciados, pero su cuñado y su interventor enfrentan hasta diez años de prisión.

La pelea, profunda y al todo o nada, involucra a un triángulo: tres nombres fuertes en cada punta», escribió La Gaceta el pasado martes 11 de noviembre en su sección Opinión. El análisis firmado por Indalecio Francisco Sánchez describía con precisión geométrica una «puja de poder» en Tucumán, pero evitaba cuidadosamente nombrar a los protagonistas: «Nadie se atreve a ponerle nombre y apellido» al conflicto institucional que «no pasa desapercibido a nadie y en los corrillos del poder no se habla de otra cosa».

Cuatro días después, ese triángulo abstracto tiene nombres, apellidos, DNI y denuncia penal con pedido de detención.

El 15 de noviembre, una ciudadana presentó ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana una acusación formal contra ocho personas por peculado y asociación ilícita en el desvío de $26.791.604,22 en mercadería social. Entre los denunciados: Hugo Guillermo Ledesma, actual legislador provincial, ex subinterventor de la Caja Popular y cuñado de Carlos Cisneros; José César Díaz, el interventor formal de la CPA que opera bajo la sombra de quien todos en Tucumán identifican como el verdadero poder en esa institución; y Lorena Luz María Málaga Barros Sosa, ex ministra de Desarrollo Social del gobierno de Juan Manzur que autorizó doce entregas irregulares sin convenio ni beneficiarios identificados.

De las 12 órdenes, 9 ocurrieron entre marzo y mayo de 2023, exactamente durante el período de campaña electoral para legislador provincial del «hijo de Cisneros» Huguito Ledesma.

La presentación judicial, firmada por Claudia Alejandra Álvarez con patrocinio de los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala, solicita detención inmediata de los ocho imputados, allanamiento de nueve domicilios —incluidas las dos sedes de la Caja Popular— y secuestro de celulares de toda la estructura para pericias forenses UFED que recuperen mensajes borrados.

Los delitos imputados prevén penas de hasta diez años de prisión. Y el fiscal debe decidir ahora si ordena un operativo de alto impacto político contra la estructura de poder más enquistada de Tucumán, o si archiva todo confirmando que ciertos nombres permanecen fuera del alcance de la ley.